EDUCA debe rendir cuenta por
los fondos contratados con el MINERD que no ha mostrado resultados en la
educación publica
La Asociación Dominicana de
Profesores (ADP) considera como descabellada y dictatorial, la propuesta de Acción
Empresarial Para la Educación (EDUCA) de que mediante una ley se
prohíba el derecho a la protesta y a la libertad de asociación. Esto sería un
grave atentado a las libertadas públicas, consagradas en la Constitución
dominicana y violaría convenios internacionales, de los que República
Dominicana es signataria.
Consideramos que en un estado libre
y democrático es vital el derecho a la protesta porque es la vía más idónea para
reclamar y defender los derechos humanos fundamentales y la democracia misma.
La ADP sostiene que el derecho
a una educación de calidad debe siempre ser una prioridad nacional. Pero,
garantizar su calidad y continuidad no puede lograrse a costa de una violación
constitucional, como la de restringir derechos fundamentales, tales como el derecho
a la protesta y al sindicalismo. La ADP sustenta que es esencial promover un
diálogo inclusivo y objetivo, que aborde las verdaderas causas subyacentes de
las protestas y fortalezca el sistema educativo, desde sus bases, no desde los
intereses de grupos empresariales.
En un artículo publicado en
este mismo medio de comunicación, el señor Darwin Caraballo, director
ejecutivo de EDUCA, ha propuesto que en la República Dominicana se limite
el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, sustentado en una falsa
supremacía del derecho a la educación, sobre el derecho a la protesta. En tal sentido, lo que Caraballo propone
supondría una restricción severa de un derecho humano, reconocido
internacionalmente. En realidad, este representante de EDUCA, maliciosamente
pasa por alto las causas estructurales que producen las protestas de los
docentes, desviando la atención de la responsabilidad estatal, en garantizar un
sistema educativo eficiente y justo.
De hecho, las protestas de los
docentes se originan precisamente en la ineficiencia y el incumplimiento del
Ministerio de Educación con sus funciones y deberes, que es lo que
verdaderamente impide que los niños y las niñas de las escuelas públicas dominicanas
ejerzan el derecho a la educación. Lo que proponen Darwin Caraballo y EDUCA, al
erróneamente comparar la realidad dominicana con la de otros países, es lo que
el artista Rubén Blades llamaría “Modelos Importados, Que No Son La Solución”.
El planteamiento de EDUCA es
simplemente una visión mercantilista de la educación, admitiendo en su propia
narrativa que concibe a la educación pública como un servicio y no como un
derecho, lo cual no se alinea con la naturaleza de la labor educativa.
En su escrito, EDUCA menciona
ejemplos de países como Alemania o Chile donde se limitan las huelgas
educativas. Sin embargo, estas comparaciones omiten diferencias contextuales
significativas, como el nivel de inversión educativa, los bajos índices de
corrupción, las garantías laborales y el apoyo social que existe en esos países
a la escuela, a los docentes y a la familia. Estas son cuatro grandes
debilidades de la educación pública dominicana.
Implementar medidas similares, sin atender estas diferencias, podría
resultar en un debilitamiento aún mayor del sistema educativo dominicano.
Lo que más profundamente
afecta el proceso de aprendizaje, de niñas y niños en edad escolar, son las
pésimas condiciones en que se desarrolla la activad escolar pública, no las
protestas de los docentes en contra de estas condiciones. Las
investigaciones más recientes del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos
revelan que las escuelas públicas dominicanas son lugares inhóspitos y que
no son ambientes generadores de condiciones significativas de aprendizaje.
Lo que más afecta el aprendizaje en las escuelas públicas es que estas operan
más como guarderías, que como verdaderos centros educativos.
Los estudios recientes revelan
que las escuelas públicas carecen de la infraestructura adecuada; de los
medios y recursos para el aprendizaje apropiados; de las políticas
socioeducativas adecuadas al perfil de los estudiantes que reciben; del
personal docente requerido por norma; del personal de mantenimiento, de
seguridad y administrativo necesario y de un sistema de supervisión y control
de calidad eficiente, que garantice el derecho a una educación escolar de
calidad.
En términos económicos, las
deficiencias operativas en las que operan las escuelas públicas generan el
desaprovechamiento de dos (2) horas diarias de clases, lo cual equivale a la
pérdida diaria de RD$190 millones de pesos, lo que anualmente asciende a la
pérdida de más de RD$36,670,000,000 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta
Millones de pesos), equivalentes al 12% del presupuesto dedicado a la educación
pública.
EDUCA debe rendir cuenta sobre
fondos contratados
La ADP exige a EDUCA rendición
de cuentas de cuantiosos fondos que ha manejado, sin resultados tangibles que
beneficien la educación dominicana. En ese sentido, es oportuno establecer un
aspecto muy cuestionable de quien está proponiendo la instauración de una
dictadura en el país. En efecto, EDUCA ha sido ampliamente objetada y
cuestionada públicamente, por incurrir en un serio conflicto de intereses, al
ser tanto contratista multimillonaria del Ministerio de Educación, como miembro
del Consejo Nacional de Educación, en violación a los principios de
transparencia y objetividad de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y en
violación a la misma Ley General de Educación. EDUCA no es una entidad
defensora del derecho a la educación, sino, de los intereses empresariales, que
se benefician del presupuesto en educación. Tampoco es esta una entidad
especialista en educación, sino, una intermediaria de proyectos y servicios,
realizados con el presupuesto de educación.
De hecho, en una investigación
realizada por el Observatorio Educativo se evidencia que los resultados del
contrato grado a grado, que el ministro Ángel Hernández le asignó a EDUCA, No.
C-00052023, por más de RD$ 35 mil millones (649.3 millones de dólares), para la
ejecución del Proyecto Presidencial de Excelencia Académica, no ha alcanzado el
logro de ninguna de las metas que se propuso, sin mencionar el agravante de que
el personal utilizado para su ejecución y supervisión es parte del mismo
personal del Ministerio de Educación (Exdirectores Regionales y Distritales del
Ministerio de Educación).
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